El apoderado del partido de ultraderecha admitió ante la Justicia que la no denuncia sobre “irregularidades” en las elecciones a presidente era en verdad un cúmulo de “comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas” que hablaban de una supuesta trama para alterar los resultados de los comicios.
Tal como lo está haciendo Javier Milei con sus propuestas de campaña, el apoderado de La Libertad Avanza (LLA) fue a desdecirse ante la Justicia por las denuncias sobre presuntos “fraudes” que esa fuerza política había presentado hace días para echar sombras sobre el balotaje del próximo domingo.
Durante su declaración ante el fiscal Ramiro Viola, el abogado Santiago Viola sostuvo que la presentación que habían hecho días atrás acusando “irregularidades” en las elecciones a presidente “no se trató de una denuncia” sino de “comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas” que hablaban de una supuesta trama para alterar los resultados de los comicios.
El apoderado se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para dar explicaciones luego de que la justicia con competencia electoral lo conminara a esclarecer los cuestionamientos vertidos en su denuncia presentada hace dos días. Debió haber ido a la Fiscalía con la hermana del candidato, Karina Milei, pero la excusó de no pudo asistir porque recién esta mañana regresaba de la provincia de Córdoba, donde LLA cerró su campaña de cara al domingo.
En su declaración, Viola autodesmintió también la acusación que LLA había hecho contra la Gendarmería Nacional por supuestas maniobras sucias. “No hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad”, afirmó.
Luego de contradecir esas afirmaciones del escrito anterior, Viola reconoció ante el fiscal que la Justicia le dio la razón en solo un pedido de impugnación en Formosa y al ser consultado sobre si tenía algo más que ratificar o denunciar, respondió: “No, nada más de mi parte”.
Cuáles fueron las «autodesmentidas» de Viola
Viola arribó poco antes de las 11 al quinto piso de los tribunales federales, donde tiene sede la Fiscalía a cargo de Ramiro González, quien le hizo saber que los artículos 275 y 276 del Código Penal castiga con penas de prisión a todo aquel que se pronuncie con falsedad en sus declaraciones.
Luego, al ser consultado por la presentación hecha a principios de esta semana, que echó sospechas sobre el sistema electoral y el dispositivo de seguridad de los comicios, Viola afirmó: “Quiero hacer saber que no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas”.
Agregó que la presentación “se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento, de los cuales acompaño en esta acto algunos ejemplos”.
También se hizo tiempo para desdecirse de las acusaciones contra Gendarmería y su pedido de reemplazo en la custodia de las urnas por “fuerzas honorables” como la Aeronáutica o la Marina.
En la presentación anterior ante la jueza María Romilda Servini, los apoderados acusaron a Gendarmería de haber cambiado «el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa».
Sostuvieron que los gendarmes modificaron las actas o las sustituyeron, pero aclararon que no revelarían quiénes dieron la información porque prefieren anonimato. Sí dijeron que eso habría ocurrido en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, Chaco y Tucumán.
“Quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremaran los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad”, dijo al respecto.
Ayer la jueza federal con competencia electoral en CABA María Servini aclaró a LLA que ya está permitido por la legislación vigente que los partidos custodien las urnas, tal como sucede en todas las elecciones.
La respuesta de Servini fue que los hechos informados -ya que no se trata de una denuncia formal sino de cuestiones que se hacen saber a la justicia- fueron «puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales» y que los fiscales «podrán participar de la tarea de custodia» solicitada de las urnas así como del posterior proceso de documentación, tal como lo estipula la ley.
